Endesa e Iberdrola abren una guerra judicial por los residuos nucleares y reclaman 778 millones al Estado
Las dos grandes eléctricas propietarias mayoritarias de las centrales nucleares de España —Endesa e Iberdrola— han abierto una guerra judicial contra el Estado a cuenta de estas instalaciones. Mientras abogan por una negociación con el Gobierno para ampliar el calendario de operación de las cinco plantas del país —aunque sin presentar una propuesta concreta y consensuada con todas las compañías propietarias de las plantas—, estas dos empresas han puesto a trabajar a sus despachos de abogados contra el Gobierno, contra la compañía pública que gestiona los residuos radiactivos (Enresa) y contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano que supervisa la actividad de estas centrales.
