Ana Tuñas Matilla
El aumento de la frecuencia y magnitud de fenómenos extremos asociados al calentamiento global, como inundaciones o sequías, unido al alto nivel de urbanización en las áreas más expuestas y a los avances en medición del riesgo hará que cada vez más asegurados entren en la categoría de «alto riesgo», con primas más caras y, por tanto, excluyentes, según el director general de la Fundación AON, Pedro Tomey.
Entre otras iniciativas, la fundación promueve el Observatorio de Catástrofes, una plataforma de intercambio de conocimiento que persigue investigar y prevenir los desastres naturales, así como contribuir a la recuperación de las zonas más dañadas y a la asistencia de las personas más vulnerables.
«El precio de los seguros de alto riesgo puede excluir a las personas más vulnerables, creando un problema social». Para proteger a esas personas, especialmente a aquellas que no pueden acceder a un seguro, es clave explorar nuevas fórmulas de colaboración público-privada, ha explicado Tomey a EFEverde.
Más de 210 muertos y 4.000 edificaciones dañadas
Las inundaciones que han asolado recientemente la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha han dejando más de 210 muertos y cuantiosos daños materiales, muchos de ellos sin asegurar.
Su origen está en un fenómeno meteorológico habitual en el Mediterráneo, un tipo de borrasca denominado dana, que, alimentada por el calentamiento del mar, ha descargado ingentes cantidades de agua. Según los científicos, fenómenos de esta magnitud serán cada vez más intensos y frecuentes por el aumento de las temperaturas.
La de Valencia, es la catástrofe más mortífera en España desde las inundaciones de 1973 y todo apunta a que será también la más costosa de los últimos 50 años, con más de 48.000 empresas afectadas, más de 4.000 edificaciones dañadas o 1.500 kilómetros de carretera y 99 de ferrocarril afectados, según las primeras estimaciones, ha detallado Tomey.
El Consorcio de Compensación de Seguros (paga las indemnizaciones a las personas con seguros contratados en caso de inundación) ha recibido ya más de 158.000 reclamaciones y Agroseguro (del que depende el sector agrícola) estima que se han visto afectadas unas 25.500 hectáreas aseguradas.
Impulsar la cultura de la autoprotección
Estos datos, unidos a los que anualmente arrojan los informes que elabora el Observatorio de Catástrofes, muestran que es urgente concienciar a la población en la cultura de la autoprotección, así como contar con un sistema de alerta temprana y protocolos de activación que garanticen el aviso de emergencias a la población.
«Habría que incluir programas educativos en escuelas y comunidades que enseñen a identificar riesgos naturales, procedimientos de evacuación y primeros auxilios básicos», ha subrayado.
Siendo las sequías y las inundaciones los eventos catastróficos que más castigan a España y que se ven agravados por la crisis climática, también es imprescindible tener herramientas de inteligencia artificial para previsión y prevención en zonas identificadas como más proclives a sufrirlas, según el experto.
Reducir la brencha entre asegurados y no asegurados
Además, hay que estrechar la brecha de cobertura aseguradora con la implicación de todos los actores y nuevas fórmulas de colaboración público-privada con el fin de minimizar el impacto en la economía del país de destrozos que irán a más
En España, el porcentaje de pérdidas económicas por riesgos climáticos no aseguradas es de entre el 45-50 %. En Europa, el 75 % de las pérdidas por eventos extremos no está cubierto por seguros. Esta diferencia se debe a la existencia en nuestro país del CCS y Agroseguro.
Aunque estamos mejor que en Europa, reducir la brecha es importante, pues cada punto porcentual que aumente la tasa de aseguramiento promedio de la economía tendría un impacto económico de entre un 2,6 y 2,8 % del coste de las catástrofes, ha subrayado Tomey.
Según datos de la asociación sectorial UNESPA, en nuestro país, el nivel de cobertura de inmuebles (voluntario) y automóviles (obligatorio a terceros) es muy elevado, casi el 74 %, mientras que en Europa es al revés: el 75 % no está aseguro.
No obstante, el elevado nivel de aseguramiento de viviendas presenta variaciones territoriales importantes y abordar la brecha de protección es esencial para promover la resiliencia de la sociedad a través de la salvaguarda de su patrimonio, según UNESPA.
Así, el porcentaje oscila entre el 94,4 % de Madrid y el 94,3 % de Vizcaya o Barcelona y el 57 % de Almería y el 54 % de Cuenca.
Miles de millones de euros por indundaciones
En casos de fenómenos naturales, en España, las aseguradoras se hacen cargo de daños por lluvias, nevadas, granizadas y vientos hasta 120 km/h. Por su parte, el CCS (cuyos fondos salen de las primas que pagan todos los asegurados) cubre inundaciones y vientos de más de 120km/h (además de terremotos o terrorismo, entre otros).
Hasta ahora, el año más «costoso» para el sector por fenómenos naturales había sido 2019: con 703 millones a cargo de las compañías y 717 millones a cuenta del consorcio, según datos de UNESPA.
Entre 2017 y 2023, los fenómenos meteorológicos de mayor gravedad atendidos por el seguro multirriesgo fueron las borrascas Gloria en enero de 2020, con 306 millones, y Filomena, en enero de 2021, con 235 millones.
Por su parte, entre 1971 y 2023, el CCS ha pagado indemnizaciones por daños por inundación en bienes materiales por valor de más de 9.028 millones de euros, el 64,8 % del total abonado por este organismo en el periodos, y más de 2.552 millones por tempestades ciclónicas atípicas (viento), el 18,3 %.
Así, el agua y el viento se han comido el 83 % de lo pagado por el Consorcio (18.949 millones) por daños en bienes materiales, por delante de terremotos, con el 4,7 % (653 millones); terrorismo, con el 4,5 % (624 millones) o erupciones volcánicas, con el 1,8 % (254 millones).
Por pérdidas pecunarias (lo que deja de ingresar un negocio por no poder abrir), se han abonado 159 millones en relación a inundaciones y 45 millones por tempestad, ambas suman el 83,8 % del total.
Sin embargo, por daños en las personas, las inundaciones han supuesto para el CCS desembolso de 11,4 millones de euros (8,6 % del total) debido a la ausencia de víctimas mortales en muchos casos y frente a los 116,7 abonados por terrorismo (88,2 % del total).
¿Por qué existe el CCS?
Cuando se suscribe una póliza de seguro, el titular comparte (mutualiza) sus riesgos con el resto de clientes de la aseguradora contratada (las indemnizaciones salen del dinero aportado por todos los asegurados).
Sin embargo, existen riesgos de dimensiones tan grandes, como las inundaciones o los terremotos, que para cubrir los daños que provocan no basta sólo con mutualizar el riesgo entre los clientes de una sola aseguradora.
De ahí surgió el CCS, una institución pública pero financiada con dinero privado procedente de cada póliza que se suscribe en España y creada para hacer frente a la necesidad de compartir riesgos entre todos los asegurados del país. EFEverde
atm/al
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