El fiscal pide investigar la “grave” contaminación de las macrogranjas en As Conchas: la Xunta era “consciente” y no lo “remedió”
La guerra judicial de los vecinos del pueblo de As Conchas (Ourense) contra el Gobierno gallego y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por su inacción frente a la contaminación del agua y el aire, a causa de los vertidos —directos en la tierra— de purines de las macrogranjas, gana su primera batalla. La Fiscalía pide investigar a las Administraciones y considera que tanto la jurisprudencia como las rotundas pruebas documentales que han presentado los vecinos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “justifican” lo que estas víctimas de las macrogranjas alegan: la “vulneración de los derechos fundamentales”, reconocidos tanto “por la Constitución” como “por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”. Se trata, enumera el fiscal encargado del caso, Carlos Mariscal de Gante, del derecho a la vida, “por ponerse en peligro grave e inmediato su salud por la contaminación de las aguas y el aire y, en suma, por la degradación ambiental de la cuenca del río Limia”.
Un tardío bando alertó contra el agua de beber, lavar y cocer
“Esta contaminación pone en severo riesgo la salud de la población”, y puede provocar “desde infecciones hasta cánceres”. Incluso “pasear al lado del embalse o respirar el aire dentro de los domicilios aledaños expone a las personas a severos daños a su salud y a su vida”, continúa: “El problema atañe a toda la cuenca”. El fiscal apunta que los “muestreos recientes” revelan que en el municipio de Os Blancos tanto las fuentes públicas como el agua de consumo domiciliaria “presentan concentraciones de nitratos que sobrepasan entre un 38,6% y un 64,4% los valores” aptos para el consumo. En las aguas subterráneas del ayuntamiento de Xinzo de Limia “se alcanzan valores que duplican ampliamente (+134%) a los permitidos”, añade.
Otros análisis, realizados el pasado 18 de octubre en Vilar de Lebres (Trasmiras), constataron que el nivel de nitratos era un 20 % superior al máximo establecido. La Fiscalía señala que no se avisó a los vecinos “hasta el 13 de noviembre, cuando el alcalde aprobó un bando” en el que se “rogaba a los vecinos abstenerse de utilizar el agua del abastecimiento para el consumo humano y otros usos domésticos, como lavar o cocer alimentos”. “Ni la Conselleria de Sanidade, ni la Confederación Hidrográfica o los Ayuntamientos de Bande, Lobeira, Muíños, Trasmiras y Os Blancos”, también demandados, “se han molestado siquiera en contestar las reclamaciones previas a la demanda judicial”, reprocha el fiscal. Esta “inactividad institucional”, concluye, “no solo compromete gravemente la salud pública, sino que infringe derechos constitucionales esenciales que afectan a la esfera más íntima de las personas”.
